Política de inclusión en las universidades de Bucaramanga, ¿un derecho o un privilegio?

Por: Károl Nathalia Silva Ramírez. 

La Ley 1421 de 2017, aunque inicialmente orientada hacia la educación inclusiva en escuelas, también impacta a universidades, particularmente en cuanto a la adaptación y apoyo para estudiantes con discapacidades en Santander y otras regiones de Colombia. Según la normativa, las instituciones educativas deben promover la inclusión de personas con discapacidad mediante planes específicos de ajustes razonables (PIAR), diseñados y gestionados por los docentes para garantizar una educación accesible y adecuada según las necesidades de cada estudiante. Esto incluye la capacitación docente, infraestructura accesible y la adaptación de materiales educativos para estudiantes con discapacidades auditivas, visuales y motoras.

En Santander, algunas universidades ya están trabajando para alinear sus políticas con los requerimientos de la ley, adaptando sus espacios y promoviendo la formación de los docentes en pedagogía inclusiva. Sin embargo, se siguen presentando desafíos, especialmente en lo relacionado con la infraestructura, la sensibilización del personal y el financiamiento para la implementación adecuada de todos los apoyos necesarios.

Mayor apropiación de las partes involucradas

Zulma Yesenia Patiño, profesional de apoyo CPS de la secretaria de Educación de Bucaramanga nos trae a colación que esta ley también busca la participación activa de las familias y un enfoque en el diseño universal del aprendizaje para fomentar la igualdad de oportunidades y la integración educativa real.

Que muchas veces se queda en el papel y por medio del fortalecimiento se busca que esto cambie a una mejora continua.

En el ámbito de la atención integral para personas con discapacidad, surgen barreras significativas, especialmente en el contexto de salud y en la aplicación pedagógica en las aulas. Estas barreras abarcan desde limitaciones en la infraestructura y falta de personal capacitado hasta la escasez de recursos para implementar adecuadamente los ajustes necesarios para una verdadera inclusión.

En salud, los tratamientos y apoyos suelen no estar alineados con las necesidades específicas de cada persona, lo que genera discontinuidades en los servicios y un acceso limitado a recursos especializados. Además, aunque la normativa establece la necesidad de un plan de ajustes razonables, muchas instituciones educativas enfrentan dificultades en su aplicación debido a la falta de financiación y recursos humanos capacitados para llevar a cabo programas de atención individualizada, como los PIAR (Planes Individuales de Ajustes Razonables)?

Creación de un equipo de profesionales para afianzar el desarrollo

Por otra parte, la doctora Diana Marcela Mejía Afanador, líder de inclusión educativa y jornada Única expone que, para responder al incremento en la demanda de educación inclusiva, es esencial fortalecer los equipos de profesionales de apoyo en las instituciones educativas. Estos profesionales, cuya presencia es impulsada por las plantas del Ministerio de Educación, desempeñan un papel clave en la implementación de prácticas inclusivas efectivas, como los (PIAR) y el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). A través de valoraciones pedagógicas, estos profesionales brindan soporte fundamental a los docentes, permitiendo que las adaptaciones en el aula respondan adecuadamente a las necesidades individuales de cada estudiante.

Esto contrasta con la realidad pues, se visualiza que estos equipos toman tiempo y recursos que el estado no logra proveer pues esto indicaría más salarios y una mayor financiación para capacitar a cada individuo del equipo integral.

El crecimiento de la población estudiantil que equivale al 4,7 (boletín poblacional 2020) lo cuales necesitan estos apoyos, exige un mayor número de profesionales especializados, incluyendo terapeutas ocupacionales, psicólogos, y otros expertos que puedan trabajar en estrecha colaboración con los docentes. Esto es especialmente necesario para asegurar que las actividades de aprendizaje sean accesibles y significativas para todos los estudiantes, sin importar sus capacidades o desafíos. Además, contar con un equipo interdisciplinario permite desarrollar un enfoque integral que atienda no solo el aprendizaje académico, sino también las habilidades sociales y emocionales, promoviendo así una inclusión real y efectiva.

La familia un pilar fundamental

La corresponsabilidad de las familias en la educación inclusiva es un pilar fundamental para garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir una educación de calidad y adaptada a sus necesidades. La Ley 1421 de 2017 destaca que, para lograr una inclusión real, las familias deben desempeñar un papel activo en el proceso educativo y terapéutico, colaborando estrechamente con el personal educativo y los profesionales de apoyo. Este acompañamiento no solo refuerza la continuidad en los tratamientos y terapias médicas que algunos estudiantes requieren, sino que también potencia los aprendizajes al extender las estrategias pedagógicas implementadas en el aula hacia el entorno familiar.

Como es ejemplo el caso de Arlex Javier Sánchez estudiante de derecho en condición de discapacidad llamada parálisis cerebral espástica y distónica quien ha pasado por múltiples intervenciones quirúrgicas y terapia de rehabilitación cuyos padres han sido su bastón de apoyo en el proceso tanto para la movilidad como a la integralidad a la educación superior.

La implicación de los padres y cuidadores permite una comunicación fluida con los docentes y facilita la identificación de necesidades específicas de los estudiantes en el ámbito académico y emocional. En este sentido, la familia actúa como un aliado en la elaboración y seguimiento de los Planes Individualizados de Ajustes Razonables (PIAR) y en el diseño de actividades pedagógicas bajo el enfoque de Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). Con su participación, las familias ayudan a personalizar los métodos y recursos de enseñanza, permitiendo que los estudiantes se beneficien de un enfoque integral que no solo aborde el aprendizaje, sino también aspectos sociales y emocionales, mejorando su adaptación y bienestar.

Además, al involucrarse activamente en las valoraciones pedagógicas y el monitoreo de los progresos de sus hijos, las familias contribuyen a que los ajustes y adaptaciones en el aula respondan mejor a sus necesidades. La docente y trabajadora social especialista en orientación familiar Yeraldine Ríos Corredor comenta que se han venido desarrollando estrategias para la aplicación de la política aunque expresa “no ha sido fácil la implementación por varias razones” una de ella es que las personas no se relacionan directamente con el tema de inclusión pero se ha venido trabajando de la mano de docentes, el área de bienestar y directores de programa para explicarles en qué momento es oportuno identificar a un estudiante que requiera el apoyo inclusivo también asegura es “todo un reto profesional” pues, no todos los docentes conocen cerca de inclusión pero cuando se empieza con el protocolo (PIAR) se establecen unas pautas  que pasan por director de programa, psicología, vicerrectoría académica, docentes, socialización a padres y finalmente al alumno la psicóloga Raquel Andrade Balaguera de universidad Udi  no explaya que esto se hace con el fin de tener una caracterización de las diferentes morbilidades y dificultades que posea el alumno  lo que crea una empatía con el protocolo; pero cabe aclarar que un proceso largo y por el corto tiempo académico del semestre los alumnos no solicitan a tiempo y como se han incrementado las solicitudes es mucho trabajo para el poco personal encargado de estos y  esta  colaboración es especialmente importante para aquellos con discapacidades o necesidades educativas especiales, dado que la educación inclusiva requiere un trabajo constante y multidisciplinario para asegurar que todos los niños y adolescentes tengan oportunidades de aprendizaje significativas y accesibles.

Aunque esto no significa que todo debe recaer en la familia o la entidad educativa pues muchas veces se confunde las responsabilidades lo que genera un conflicto entre las partes llegando a tutelas o amenazas pues todo debe ser equitativo y orientado desde el hogar con el equipo educativo de la mano llevando el debido proceso.

Educación superior

Zulma Yesenia Patiño expone que la práctica educativa en el aula es fundamental para que las instituciones educativas puedan garantizar el derecho a una educación de calidad, especialmente para los estudiantes en la transición hacia la educación superior. Para lograrlo, es esencial que las instituciones visualicen y apoyen los proyectos de vida de sus estudiantes de manera integral, promoviendo la continuidad y coherencia en los enfoques educativos desde la educación media hasta la educación superior.

Este enfoque integral implica que las escuelas no solo deben enfocarse en el contenido académico, sino también en el desarrollo de habilidades socioemocionales y vocacionales que preparen a los estudiantes para los retos de la universidad y el ámbito laboral. Para ello, es importante implementar estrategias de orientación vocacional y personalizadas que consideren los intereses, habilidades y objetivos de cada estudiante, facilitando una transición armoniosa y coherente con lo trabajado en la educación media. Así, los estudiantes pueden construir un proyecto de vida que les permita desarrollar su potencial en todos los aspectos.

La articulación entre la educación media y la educación superior también es fundamental. Esta coordinación permite a los estudiantes avanzar en un contexto de aprendizaje continuo que respalda tanto sus metas académicas como personales. Para lograrlo, es necesaria una colaboración entre las instituciones educativas, el sector de educación superior, y otros actores sociales y económicos que puedan aportar a la formación integral de los estudiantes. Este enfoque no solo facilita el acceso y adaptación al entorno universitario, sino que también contribuye a mejorar la equidad en el acceso a oportunidades, especialmente para estudiantes con necesidades educativas especiales o en condiciones de vulnerabilidad.

Como lo fue el caso de Johanna silva madre una niña en condición especial la cual anhelaba que su hija algún día lograra obtener el acceso a la educación superior lo cual ha logrado pero no ha sido fácil pues no todas las instituciones universitarias no se encuentran preparados para los retos que se pueden  presentar en el aula de clase y el desplazamiento desde su hogar hasta la instrucción pero todo su proceso y experiencia ha valido para lograr salir adelante y demostrar que aunque la política no sido perfecta su testimonio ha ayudado a mejorarla y a contrastar de manera positiva el panorama.

Sin la verdadera implementación de la política nada de esto se logrará es por esto que se debe poner atención en que el trabajo no puede ser solo de uno.

La gestión ante el MEN y otras entidades es esencial para garantizar una educación inclusiva y equitativa en las universidades por si no se va de la mano no se puede dar una política educativa que eduque y mueva la independencia académica de los estudiantes

Arlex Javier estudiante de derecho de la Universidad Uniciencia reafirma que es de vital importancia que las universidades se ciñan a la política de una forma gradual y mancomunada poniendo al equipo experto y al estudiante en una misma línea para que se note un cambio real en lo que respecta a la educación superior porque se sabe que el camino es largo.

Esto se ve afectado por la falta de recursos económicos gracias a la masificación de la población pues el ministerio no puede con todo.

¿Falta de recursos económicos?

Además, se requiere una inversión en infraestructura y dotación de equipos, como rampas, ascensores adaptados, señalización en braille, y tecnología asistida, que permita a los estudiantes acceder a los recursos educativos en igualdad de condiciones; esto puede oscilar entre 30 y 60 millones de pesos, mientras que las rampas pueden costar entre 2 y 10 millones de pesos, dependiendo de sus dimensiones y materiales. La señalización en braille puede tener un costo menor, mientras que la tecnología asistida puede variar desde unos cientos hasta varios millones de pesos según los dispositivos requeridos. También es fundamental invertir en formación continua del personal académico y administrativo para que puedan ofrecer un entorno de aprendizaje y servicios inclusivos, sensibles a las necesidades de esta población.

Una realidad ineludible

La falta de recursos económicos es uno de los principales desafíos que enfrentan tanto el Ministerio de Educación como las entidades territoriales al implementar políticas de educación inclusiva y equitativa, tal como lo establece la Ley 1421. Si bien el Ministerio genera las directrices y proporciona cierta infraestructura y apoyo, la viabilidad de estas políticas depende en gran medida de la disponibilidad y la gestión de recursos financieros a nivel territorial.

La limitación de recursos económicos afecta la capacidad de contratar y capacitar a la planta docente y a los profesionales de apoyo especializados en trabajar con población con discapacidad, enfermedades crónicas, talentos excepcionales y trastornos reconocidos. Esto genera un enfoque de priorización que favorece a regiones y contextos de mayor vulnerabilidad, dejando a otras áreas con menor atención y recursos insuficientes para cubrir sus necesidades específicas.

En este contexto, la colaboración entre el Ministerio y las entidades territoriales se vuelve crucial. Deben buscar estrategias mancomunadas para optimizar el uso de los recursos existentes y encontrar fuentes adicionales de financiamiento, ya sea a través de alianzas públicas y privadas, cooperación internacional o ajustes en las prioridades presupuestarias.

Sin embargo, es importante señalar que mientras no se incremente la inversión destinada a educación inclusiva, los esfuerzos seguirán siendo limitados. Para responder de manera efectiva a las demandas de la Ley 1421 y a las necesidades de la población estudiantil con condiciones especiales, se requiere un compromiso sostenido y un enfoque integral que priorice la asignación de recursos económicos suficientes para este propósito.

Todos tienen un papel importante

Es fundamental entender que la implementación de políticas inclusivas y equitativas en educación no se limita únicamente a los esfuerzos del Ministerio de Educación y las entidades territoriales. La armonización de estas políticas con otros ministerios, en particular el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud, es clave para garantizar una atención integral a la población. Esto es especialmente importante cuando se consideran los derechos interconectados de los estudiantes, como el acceso a la salud y la protección legal, en paralelo con su derecho a la educación.

Además, es crucial el papel de otras entidades estatales como las Secretarías de Salud, las IPS, los juzgados y las comisarías de familia. La falta de una acción concertada y coordinada entre estas entidades contribuye a la creación de barreras adicionales en los procesos de atención y protección de los estudiantes. Estas barreras pueden incluir la falta de diagnósticos oportunos, deficiencias en el seguimiento médico o psicosocial, y dificultades en la respuesta a situaciones de vulnerabilidad o maltrato.

Por lo tanto, para que las políticas de educación inclusiva sean realmente efectivas, se requiere un esfuerzo conjunto y coherente que articule las acciones de los diferentes ministerios y entidades del Estado. Solo a través de esta cooperación integral se pueden superar las barreras existentes y garantizar que todos los estudiantes reciban el apoyo necesario para su desarrollo pleno y protegido.